El líder de Lula en el Congreso propone cobrar 3% a las big tech, IA generativa incluida

El senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el Congreso de Brasil, presentó el martes 17 de noviembre el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 308/2026. El texto crea la Contribución Social sobre Servicios Digitales (CSSD), con una tasa fija de 3% sobre los ingresos brutos de las grandes empresas de tecnología que operan en el país, según reportaron Mobile Time, O Tempo, SBT News y Gazeta do Povo.
Lo recaudado iría completo, durante los primeros cinco años de vigencia, a financiar programas federales de renta básica. El proyecto no estima cuánto dinero recaudaría la contribución, coinciden los medios que lo revisaron. La propuesta llega mientras el gobierno negocia con el Congreso un paquete de ajuste fiscal.
Quién pagaría y sobre qué
La CSSD alcanzaría a empresas brasileñas y extranjeras con una facturación global de más de 3.000 millones de reales (unos 520 millones de dólares, al tipo de cambio oficial del Banco Central de Brasil del 17 de noviembre) y con ingresos de más de 30 millones de reales (unos 5,2 millones de dólares) en Brasil. El umbral deja fuera a las empresas más chicas.
La base son los ingresos de varias categorías de servicios digitales: la publicidad digital dirigida con datos de los usuarios, la intermediación en plataformas y redes sociales, el contenido audiovisual y el streaming, los buscadores, la venta de datos de usuarios y la generación de contenido con inteligencia artificial generativa.
El texto excluye tres actividades: la venta de bienes y servicios a través de la plataforma propia del proveedor, como la tienda en línea de una cadena física; los servicios de pago, y las plataformas que dan acceso a instrumentos financieros y valores.
Cómo se cobraría
La contribución se calcularía al cierre de cada trimestre y se pagaría hasta el último día hábil del mes siguiente. Quien contrate servicios alcanzados por la CSSD podría registrar un crédito de 3% sobre esas operaciones, sin contar tributos como CBS, IBS, PIS/Cofins e ISS. Ese crédito duraría seis meses y solo serviría para descontar la propia CSSD, no otros impuestos.
En la justificación, Randolfe cita como modelos los impuestos a los servicios digitales que adoptaron Francia en 2019 y España en 2021, y presenta la medida como un apoyo a la protección social y a la consolidación fiscal. En España, la tasa también es de 3% y alcanza la publicidad digital, la intermediación en plataformas y la explotación de datos de usuarios, recordó Gazeta do Povo.
Un proyecto que recién empieza
Como es una ley complementaria, necesita mayoría absoluta en el Senado y después en la Cámara de Diputados, más la sanción presidencial. Los reportes no mencionan una fecha de votación.
La idea no es nueva en el Congreso: en 2025, el diputado Guilherme Boulos presentó otro proyecto para gravar a las big tech, con una base y una tasa distintas.
La CSSD se suma a la otra ofensiva del gobierno sobre las plataformas: el proyecto que da al Cade, la autoridad de competencia, nuevas herramientas contra las big tech con posición dominante. La Cámara aplazó su votación el mismo 17 de noviembre por falta de consenso.
Qué significa para las empresas de la región
- Si tu empresa compra publicidad digital, streaming o suscripciones de IA generativa en Brasil, pide a tus proveedores que te digan si pasarían la CSSD a sus precios en caso de aprobarse. Francia y España son los antecedentes que cita el propio proyecto.
- Si eres proveedor de servicios digitales, calcula si tu facturación global supera los 3.000 millones de reales y la de Brasil los 30 millones: el umbral exige los dos.
- Si vendes por tu propia tienda en línea, revisa la excepción: la venta directa queda fuera, la intermediación de terceros no.
- Si operas desde otro país de la región, sigue el debate: Brasil es el mercado más grande de América Latina y sus reglas tienden a influir en las de sus vecinos.
Qué mirar
El primer paso es el despacho del proyecto a las comisiones del Senado y la designación de un relator. Habrá que ver si el gobierno lo incluye en su negociación fiscal con el Congreso y cómo reaccionan las plataformas alcanzadas. En paralelo, la Cámara debe retomar la votación del proyecto que amplía los poderes del Cade.
A partir de información de PT no Senado (bancada del senador Randolfe Rodrigues).
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